Una profunda tragedia ha conmocionado a Barranquilla y a toda Colombia, tras la muerte de 11 personas por el consumo de licor adulterado. Lo que inicialmente se pensó era una fatalidad lamentable en el barrio El Boliche, ha escalado a un grave escándalo de corrupción e irresponsabilidad, luego de que las investigaciones revelaran que la bebida mortal fue fabricada en una vivienda que se encuentra bajo la custodia y administración de una entidad del Estado: la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La revelación ha puesto en tela de juicio la seguridad y el control que el gobierno ejerce sobre los bienes incautados al crimen organizado.
El dramático suceso se desató la tarde del martes 23 de septiembre, cuando varias personas en el sector de El Boliche consumieron una bebida artesanal conocida como 'cococho'. El bajo precio de la botella, tan solo 2.000 pesos, la convertía en una opción accesible para la población más vulnerable. Sin embargo, su contenido era una mezcla mortal de alcohol metanol, comúnmente usado para madera, diluido con agua. Las víctimas, gravemente intoxicadas, fueron trasladadas a hospitales cercanos, pero para la noche del miércoles, la cifra de muertes había ascendido a 11, mientras que otros ciudadanos luchan por su vida en unidades de cuidados intensivos.
La Fábrica Clandestina en un Predio Estatal
Ante la emergencia de salud pública, las autoridades, lideradas por la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar), activaron de inmediato una serie de allanamientos en zonas históricamente asociadas a la producción y distribución de licor adulterado, como los barrios Las Nieves y Rebolo. Los operativos resultaron en importantes decomisos de elementos y sustancias para la producción de estas bebidas.
Sin embargo, el giro más impactante de las investigaciones se produjo cuando los agentes allanaron una vivienda en el barrio Las Nieves, un lugar que, para su sorpresa, estaba bajo la administración de la SAE. El predio, que había sido recuperado por el Estado, fue hallado invadido de manera irregular. Dentro, la Policía incautó más de 200 botellas de vidrio de diferentes marcas de whiskey y ron, que estaban listas para ser rellenadas con el veneno que se almacenaba en dos grandes tanques.
El hallazgo generó un llamado de urgencia de la Policía a los funcionarios de la SAE, que llegaron al lugar el jueves por la tarde. El director territorial Caribe de la entidad, Jaime Avendaño, aseguró que el predio ya fue recuperado nuevamente, pero que la tragedia ha puesto en evidencia un problema recurrente: los inmuebles incautados al crimen son invadidos y utilizados para continuar con actividades ilícitas.
Un Ciclo Criminal y un Problema de Seguridad
La vivienda donde se elaboró el 'cococho' que cobró la vida de 11 personas tiene un pasado oscuro. Según Jaime Avendaño, hace varios años ya había sido embargada a sus antiguos propietarios precisamente por funcionar como una fábrica para adulterar diferentes marcas de licor. La ironía del caso es que, a pesar de estar bajo custodia del Estado, la casa volvió a ser ocupada y utilizada para el mismo propósito criminal que motivó su incautación inicial.
El funcionario de la SAE señaló que los ocupantes ilegales de la vivienda son parte de la red de fabricación de licor adulterado y que se están realizando investigaciones para encontrar el sitio principal de elaboración. Avendaño también reveló que la entidad tiene otras cinco propiedades embargadas en el mismo barrio que han sido invadidas y son ocupadas por personas que las subarriendan de forma clandestina, lo que demuestra un problema sistémico de seguridad y control en la administración de estos bienes.
La Alcaldía de Barranquilla, por su parte, ha decidido mantener un Puesto de Mando Unificado (PMU) de manera permanente durante 72 horas para monitorear nuevos posibles casos de intoxicación. Mientras tanto, la comunidad exige respuestas y responsabilidades a las autoridades, en una tragedia que no solo cobró la vida de ciudadanos inocentes, sino que también ha destapado una alarmante vulnerabilidad en la cadena de custodia de los activos incautados al crimen en el país.
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