En un giro drástico de la política exterior y militar hacia el hemisferio sur, la administración de Donald Trump ha marcado un precedente histórico en la región. El pasado lunes 29 de diciembre, la Casa Blanca confirmó la ejecución de una operación militar que resultó en la destrucción de un muelle estratégico en la costa de Venezuela. Este evento no es un episodio más de la vigilancia marítima habitual; según fuentes de inteligencia, se trata del primer ataque terrestre directo de Washington en territorio venezolano como parte de su renovada ofensiva contra el narcotráfico.
Detalles de la operación ejecutada por la CIA
Aunque el presidente Trump se limitó a informar que el ataque ocurrió "a lo largo de la costa" para eliminar un área de implementación de embarcaciones cargadas con sustancias ilícitas, investigaciones de medios como CNN y The New York Times han arrojado luz sobre los pormenores. La operación fue planificada y ejecutada por la CIA (Agencia Central de Inteligencia), utilizando tecnología de drones MQ-9 Reaper.
De acuerdo con las fuentes familiarizadas con el operativo, el ataque se centró en un muelle remoto que funcionaba como centro logístico para el Tren de Aragua. Esta organización criminal, que ha extendido sus tentáculos por todo el continente, utilizaba la estructura para almacenar y transportar drogas hacia mercados internacionales. La incursión contó con el apoyo de inteligencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, logrando la destrucción total de las instalaciones y de las naves que se encontraban en el lugar en ese momento.
Una escalada en la presión contra el gobierno de Maduro
Este bombardeo representa una intensificación significativa en la campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta la fecha, las acciones militares estadounidenses se habían limitado estrictamente a aguas internacionales o zonas de tránsito marítimo. Al golpear suelo venezolano, la CIA y el Pentágono envían un mensaje directo sobre la nueva doctrina de seguridad de la administración Trump, la cual busca desmantelar las infraestructuras de los cárteles directamente en sus puntos de origen.
Pese a la magnitud de la explosión, fuentes oficiales indicaron que el muelle se encontraba vacío de personal al momento del impacto, por lo que no se registraron víctimas mortales en este evento específico. No obstante, el valor estratégico del ataque ha sido calificado como "principalmente simbólico", dado que el litoral venezolano cuenta con numerosos puertos clandestinos que continúan operativos.
Controversia legal y saldo de muertes en el Caribe
La ofensiva estadounidense en la región, que abarca tanto el mar Caribe como el océano Pacífico oriental, ha sido letal en otros frentes. Desde el pasado mes de septiembre, las operaciones han dejado un saldo de al menos 107 personas fallecidas en enfrentamientos o ataques a embarcaciones sospechosas. Tan solo este lunes, el Comando Sur reportó una nueva acción en el Pacífico que sumó dos víctimas más a la estadística.
Esta cifra ha encendido las alarmas en organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional. La principal crítica radica en que la administración de Donald Trump no ha presentado pruebas públicas contundentes que vinculen a todas las embarcaciones atacadas con el narcotráfico. En consecuencia, sectores legales sostienen que estas acciones podrían ser catalogadas como ejecuciones extrajudiciales, una acusación que el Departamento de Estado rechaza categóricamente bajo el argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen transnacional.
El silencio de los ministerios de Exteriores y Comunicaciones de Venezuela ante este ataque en tierra añade una capa de misterio y tensión a la situación, mientras Washington advierte que los ataques terrestres contra infraestructuras criminales apenas están comenzando.
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