En un movimiento que busca responder a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, el Ministerio de Hacienda ha preparado un borrador de decreto que pretende eliminar la prima de servicios que reciben actualmente los senadores y representantes a la Cámara. Esta bonificación, que asciende a $16.914.540 mensuales, ha sido calificada por la administración nacional como "desproporcionada" frente a la realidad económica del país y los ingresos promedio de los trabajadores colombianos.
Austeridad y cierre de brechas sociales
El documento técnico elaborado por el Gobierno argumenta que mantener esta remuneración hace "imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo". Según el borrador, se hace imperativo reorientar el gasto público hacia medidas de austeridad inmediatas que no afecten los derechos fundamentales, pero que sí racionalicen los altos ingresos de los funcionarios del Estado.
Esta prima de servicios, que en su momento sustituyó otros beneficios de salud, vivienda y localización, se suma al ya abultado salario de los congresistas. No obstante, el decreto aclara que esta medida no sería retroactiva para los actuales legisladores; por el contrario, aplicaría únicamente para aquellos congresistas que tomen posesión de sus cargos a partir del 20 de julio de 2026.
El contraste con el salario mínimo en Colombia
La polémica surge en un momento clave para la economía nacional. Recientemente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo para el año 2026 en $1.746.882 (sin contar el auxilio de transporte), tras un incremento histórico. Bajo este panorama, la brecha es evidente: un legislador gana cerca de 37 veces lo que recibe un trabajador que devenga el mínimo legal.
Se proyecta que para 2026, tras los ajustes automáticos por ley, el salario de los congresistas superará los $52 millones mensuales. Si bien los parlamentarios manifiestan su molestia asegurando que, tras descuentos y retenciones de ley, se les deducen cerca de $20 millones de su sueldo total, la cifra bruta sigue siendo objeto de un intenso debate público.
Obstáculos legislativos y futuro del decreto
A pesar de que el Ministerio de Hacienda tiene listo el camino administrativo, la eliminación de beneficios salariales en el Legislativo siempre ha enfrentado fuertes barreras. Históricamente, las iniciativas para reducir estos honorarios o limitarlos a un múltiplo menor del salario mínimo no han prosperado en las plenarias, debido a que el sistema de indexación automática protege estos ingresos.
Con este nuevo decreto, el Ejecutivo busca invocar el artículo 138 de la Constitución Política para prohibir el pago de cualquier beneficio salarial que tenga origen en disposiciones anteriores consideradas excesivas. De concretarse, se marcaría un precedente en la política de austeridad estatal, aunque la molestia en los pasillos del Congreso sugiere una dura batalla jurídica y política en los meses por venir.
“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se menciona en el borrador.
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