El panorama político y diplomático entre Colombia y Estados Unidos atraviesa una de sus peores crisis en décadas. El gobierno de Donald Trump anunció la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, incluyéndola en la lista de países que “han fracasado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir con sus obligaciones”. Esta medida, confirmada tanto por el Departamento de Estado como por el propio presidente Gustavo Petro, representa un duro golpe a la política de seguridad del país y podría traer consecuencias graves en materia de cooperación internacional.
Un señalamiento directo a Petro
El comunicado del Departamento de Estado responsabiliza abiertamente al mandatario colombiano. “Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos”, señala la declaración oficial. Este señalamiento marca un quiebre en la relación bilateral, que históricamente ha estado cimentada en la lucha contra el narcotráfico.
Petro, en un consejo de ministros, reconoció la descertificación y expresó su inconformidad con la decisión de Washington: “Después de decenas de muertes de policías, de soldados y de civiles que han intentado frenar el avance de la cocaína, hoy recibimos esta noticia que afecta directamente a nuestro esfuerzo interno”.
Impacto en la cooperación internacional
La descertificación no es una sanción menor. Estados Unidos es el principal socio de Colombia en materia de cooperación antidrogas. Los fondos, equipos y asistencia técnica provenientes de Washington han sido clave para la Fuerza Pública en su combate contra organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Sin ese respaldo, las capacidades operativas podrían reducirse considerablemente, abriendo la puerta a un aumento de la violencia en las zonas más afectadas por el conflicto.
Expertos señalan que el golpe puede sentirse también en la confianza de inversionistas extranjeros y en la estabilidad diplomática de la región. Además, existe el riesgo de que la descertificación sirva como argumento para que otras naciones reduzcan su cooperación con Colombia en temas de seguridad y desarrollo rural.
Un episodio que se repite
La historia recuerda a 1996, cuando Colombia también fue descertificada por Estados Unidos durante el gobierno de Ernesto Samper. En ese entonces, el país atravesaba el escándalo del proceso 8.000, por la supuesta financiación de la campaña presidencial con dineros del Cartel de Cali. Aquella decisión provocó una crisis política y diplomática de gran magnitud, y casi tres décadas después, el país se enfrenta nuevamente a una situación similar.
Aunque el contexto actual es diferente, la descertificación de 2025 podría generar tensiones de igual o mayor impacto. Para algunos analistas, la medida es también un mensaje político de Trump hacia la región, subrayando su postura de línea dura contra los gobiernos de izquierda.
¿Qué viene para Colombia?
La gran pregunta ahora es cómo reaccionará el gobierno de Petro. La descertificación no solo limita recursos, sino que pone en tela de juicio la efectividad de su estrategia antidrogas, centrada más en la sustitución de cultivos que en la erradicación forzada. Para muchos críticos, los resultados han sido insuficientes, y el aumento de hectáreas sembradas con coca parece dar la razón a Washington.
El reto inmediato será evitar que la descertificación debilite aún más la lucha interna contra el narcotráfico y genere un efecto dominó en otras áreas de la política internacional. De no hacerlo, Colombia podría revivir un escenario similar al de los años noventa, con mayor aislamiento diplomático y un incremento en los niveles de inseguridad.
Lo cierto es que esta decisión marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. La cooperación histórica que ha sostenido el combate al narcotráfico está en riesgo, y el gobierno colombiano tendrá que replantear su estrategia para enfrentar un futuro incierto en materia de seguridad y política exterior.
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