La lucha incansable de las familias de las víctimas de desaparición forzada en Colombia ha obtenido un triunfo significativo. Tras meses de tensiones y disputas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una sentencia que ordena el reintegro inmediato de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a las labores de exhumación en La Escombrera. Este lugar, tristemente conocido como la fosa común a cielo abierto más grande de América Latina, ha sido el centro de un conflicto de competencias que ponía en riesgo la búsqueda de la verdad para cientos de familias.
La pugna entre las dos entidades del Sistema Integral para la Paz escaló en abril, cuando la UBPD fue excluida de las actividades en el sitio, a pesar de que los trabajos ya habían arrojado hallazgos importantes. Esta decisión generó preocupación y frustración, especialmente para los familiares de las víctimas. En respuesta a esta situación, la familia de Arles Edison Guzmán, desaparecido en el marco de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, interpuso una tutela que alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales a la verdad, la dignidad humana y la participación.
El recurso legal, presentado por la abogada María Victoria Fallon del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), buscaba no solo la restitución de la UBPD a sus funciones, sino también el restablecimiento de la confianza institucional que se había forjado con las familias. Según la impugnación, la exclusión de la entidad generó un "impacto directo" en los derechos de las víctimas, limitando su participación y afectando su acceso a la verdad. La distancia del proceso y la "ruptura de la articulación" con una entidad que había ganado la confianza de las víctimas se señalaba como una de las principales afectaciones.
Un fallo que respalda a las víctimas y al mandato constitucional
El caso, que fue revisado por la Sección de Apelación de la JEP, tuvo un desenlace favorable para los familiares. En su sentencia, el tribunal reconoció que la decisión de excluir a la UBPD había sido tomada en el contexto de dificultades de financiación, pero que la restitución de su mandato era necesaria para garantizar un proceso de búsqueda integral. El tribunal destacó la importancia de la adecuada integración y articulación de la UBPD en todas las etapas del proceso forense, una labor que se percibe como una "respuesta sin precedentes" para las personas que sufren la desaparición de sus seres queridos.
A pesar de la tensión, el fallo de la JEP también reconoció los "óptimos resultados" que se han obtenido en La Escombrera durante la ausencia de la UBPD. En los últimos meses se han hallado seis cuerpos, incluyendo dos en julio, lo que demuestra la necesidad de continuar y fortalecer las labores forenses. Sin embargo, el fallo se enfoca en que estos hallazgos deben ser parte de un proceso articulado entre todas las entidades del Sistema Integral para la Paz para garantizar la verdad y la participación plena de las víctimas.
La decisión judicial no solo es una victoria para la familia de Arles Edison Guzmán, sino un precedente crucial para todas las víctimas de desaparición forzada en el país. El fallo de la JEP es un recordatorio de que la verdad y la justicia en Colombia solo pueden lograrse a través de la colaboración institucional y el respeto por los derechos de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos. La UBPD ahora regresa a La Escombrera con el respaldo del tribunal, con la esperanza de que su labor forense, vital para la paz, pueda continuar sin más obstáculos.
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